Iba a ser una reunión entre los técnicos de los dos países para hablar sobre los posibles impactos en el territorio boliviano de las centrales hidroeléctricas del Río Madeira, pero prácticamente acabó en una acalorada contienda política. La reunión tuvo lugar ayer en Sao Paulo, tras recibir una invitación del canciller brasileño Celso Amorim, en respuesta a las preocupaciones manifestadas por la cancillería boliviana después de la emisión de la licencia previa en julio de este año.
Brasil sorprendió al incluir en su delegación oficial, además de los representantes de Itamaraty, Ibama y el Ministerio de Minas y Energía, a los mismos técnicos de Odebrecht, la principal empresa interesada en la obra. La delegación de Brasil tuvo desde el principio una estrategia clara: tratar de superar las objeciones del país vecino a través de la oferta de una represa adicional en territorio boliviano. Esta inversión que representaría un costo adicional para Brasil, sería el precio que el gobierno de Brasil está dispuesto a pagar para que el gobierno de Evo Morales deje a un lado sus reticencias frente al proyecto. El intento de trueque enfadó a la delegación de Bolivia que estaba compuesta por ocho técnicos y el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, que se había preparado para dialogar sobre aspectos puramente técnicos del megaproyecto.
Según Juan Carlos Alurralde, asesor de la cancillería boliviana para asuntos de aguas internacionales, Brasil no contestó a las dudas técnicas planteadas, sino que se limitó a afirmar categóricamente que no tendría impactos en el lado boliviano.
Tal afirmación contrasta con la, hasta hoy, única opinión pública formulada por los técnicos del IBAMA sobre el proyecto, en el marco de este año, que demuestra, basándose en la falta de consideración de los impactos en el país vecino, la insuficiencia de estudios realizados hasta ahora. El gobierno, posteriormente, tomó una decisión política de conceder la Licencia Previa, basándose en opiniones de consultores particulares externos a la administración pública. El presidente interino de IBAMA, Bazileu Alves, participó en la reunión de ayer.
Munición cargada
Otros estudios realizados por especialistas independientes recomendados por el Ministerio Público de Rondonia y pagados por el consorcio Furnas/Odebrecht en el 2006 incluyen más argumentos técnicos para Bolivia, alertando sobre el hecho de que el área de influencia de las represas se extiende hasta Bolivia.
La reunión de ayer acabo sin avance alguno en el diálogo: los dos países acordaron brevemente sobre el hecho de que Bolivia debería enviar sus dudas técnicas a Brasil, que responderá dentro de plazos que tendrán que definirse. “Haremos públicas todas nuestras dudas, dando más transparencia al proceso de negociación” señaló el viceministro boliviano Juan Pablo Ramos.