La ONG Amigos de la Tierra–Amazonía Brasileña presentó una demanda el miércoles (5 de diciembre) en los Tribunales Federales, pidiendo la suspensión del proyecto de licitación de la Hidroeléctrica de Santo Antonio, en el río Madeira (estado de Rondonia, en el Amazonas) programado para el próximo 10 de diciembre. Una demanda anterior, presentada por la Oficina del Fiscal Federal falló a favor por dos de los tres jueces de los Tribunales Federales responsables de la decisión y pueden, en cuanto consideren que sea posible, cambiar la validez del proyecto
La ONG brasileña, que lleva trabajando desde 1989, basó su demanda en información que se utilizó para justificar la concesión de la licencia, el pasado mes de noviembre por IBAMA, la agencia federal ambiental. Los datos oficiales sobre la explosión de la deforestación en esa área en particular desde la concesión de la licencia preliminar también se utilizó para presentar la demanda. La Oficina del Fiscal Federal también cuestiona la retirada de las líneas de transmisión para los propósitos de obtener la licencia.
IBAMA concedió la licencia preliminar el 9 de julio de este año, pero el fallo final no se hizo público hasta noviembre. El borrador, firmado por el actual director de la licitación Messias Franco, refleja que las principales debilidades identificadas por la organización, en marzo de este año (detalles en la nota 1 abajo), nunca fueron el sujeto de una investigación posterior durante los informes posteriores. Por lo tanto, la nueva junta directiva de IBAMA, que reemplazó a la que negó la licencia, fue responsable de un acto ilegal. “Muchos indicaron la ilegalidad cuando la licencia ya se había otorgado, pero ahora ha sido comprobado y reconocido por el mismo IBAMA”, explicó Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra. “Parece que IBAMA intentó postergar el cierre para facilitar la licitación, evitando así el cuestionamiento de la licencia preliminar. Pero todavía hay tiempo para los tribunales eviten la manipulación”.
La demanda civil también es justificable ya que los proyectos sobre la deforestación son alarmantes. La deforestación explotó en el área del proyecto, especialmente en las municipalidades que no fueron objeto de los estudios ambientales que se limitó a Porto Velho. Los datos oficiales de DETER (un sistema online de monitoreo de la deforestación), recabados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), demuestran un aumento en la cuenca del Río Madeira de más del 600% entre julio y septiembre, tal y como informo la prensa nacional. Las acciones como la concesión oficial de la licencia preliminar son indicio de actividades ilegales, como demandas ilegales de tierra, de que este es el momento de reconsiderar sus acciones. “ Este es un impacto irreversible, que solo se puede mitigar de ahora en adelante si la justicia impone llevar a cabo estudios serios en toda la región de influencia”, destaco Smeraldi.
El fallo del personal de expertos de Ibama, de marzo del 2007, negó la licencia preliminar, señalando numerosos fallos en Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por el consorcio Furnas/Odebrecht, y determino la necesidad de realizar nuevos estudios. Fracasos similares fueron detectados por especialistas independientes comisionados por la Oficina del Fiscal Publico del Estado de Rondonia, que fueron pagados por el consorcio a finales del 2006 (detalles en la Nota 2 abajo).
Pero la junta directiva de Ibama fue reemplazada, con los nuevos miembros ignorando la decisión de su propio personal de expertos, y posteriormente realizando algunos estudios parciales por consultores externos, todos pagados por el Ministerio de Energía. La licencia preliminar fue concedida semanas mas tarde. “Esto es un escándalo. Los intereses comerciales y políticos no deben trastornar un proceso de licitación como este. Si este proyecto es realmente importante para el país, debe regirse por nuestra legislación, evaluando sus impactos reales, que son de extrema importancia para determinar los costos reales”, comentó Gustavo Pimentel de Amigos de la Tierra.
Una demanda civil de la Oficina del Fiscal Federal, presentada el pasado mes de marzo, pone entredicho la forma de conducir el proceso de licitación y exige que se cancele cualquier licencia otorgada con estas bases se debe cancelar. Dos jueces del Tribunal Federal en Brasilia han dado votos a favor de la demanda civil. El tercer juez ha pedido más tiempo para analizar el tema, por lo que todavía no se ha llegado a una decisión final.
Con la licitación cada vez mas cerca, la sociedad civil esta acelerando sus campañas contra las represas. El Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB) ha programado manifestaciones en Porto Velho el próximo lunes (10 de diciembre). Amigos de la Tierra Brasil e Internacional Rivers lanzaron una ciberacción donde las personas pueden mandar correos electrónicos al Presidente Lula exigiendo que el río Madeira este libre de represas. (ver nota 3).
Nota 1
Fallo de los expertos de Ibama, marzo de 2007
“Dada la gran incertidumbre en el proceso: la identificación de áreas afectadas no consideradas en la Evaluación; la incertidumbre del grado de impactos junto con la falta de medidas para la mitigación y los controles ambientales necesarios para garantizar el uso sostenible de recursos naturales y el bienestar de las comunidades; y el cumplimiento mandatario con el Principio de Precaución, los expertos del equipo concluyeron que no es posible analizar la viabilidad ambiental de las represas de Santo Antonio y Jirau, lo cual es fundamental para llevar a cabo una nueva Evaluación de Impacto Ambiental mas amplia, tanto en territorios nacionales como transfronterizos, y la organización de nuevas consultas publicas. Por lo tanto, recomendamos que no se conceda la Licencia Preliminar”,
Nota 2
Ver resúmen de los fracasos
Nota 3
Ver la campaña de Ríos Vivos